Políticas del olvido
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Proyecto onlinewww.politicasdelolvido.com

El interés específico de las nuevas fuerzas soberanas –a los que podríamos considerar una suerte de vencedores– radica en la desacreditación y desactivación de las memorias alternativas que desconfían o ponen en duda la validez de la memoria oficial y luchan al mismo tiempo por obtener un relato de mayor verosimilitud sobre el pasado. En ese intento de mostrar una única verdad, como es el caso del proceso de la Transición en España, la versión oficial manifiesta también una intención de ocultar. El poder promueve un tipo de memoria histórica sobre el tiempo pasado que dificulta y obstaculiza formas alternativas de interpretación, y se escuda mediante una voluntad explícita de construir políticas de olvido efectivas.

A pesar de la voluntad del Estado por aparentar sosiego y orden durante los años de la Transición, la actividad violenta y represiva de los resquicios franquistas en las instituciones armadas persiguió la neutralización de aquellos sectores sociales y políticos que defendían un proceso de ruptura con el Régimen dictatorial, y especialmente de aquellos que pretendían la democratización de los aparatos del Estado: los puestos que los propios franquistas ocupaban.

Estos aparatos siguieron presentes, operando y conviviendo en paralelo a las instituciones del nuevo sistema durante varios años, limitando y entorpeciendo precisamente su capacidad de actuación. Un caso paradigmático fue el de la denuncia pública de los agentes de la comisaría de la Policía de Valladolid a sus superiores por torturas a la detenida María Luz Prieto. La denuncia acarreó persecución contra los miembros de la Unión Sindical de Policías, mientras que los antiguos miembros de la policía política franquista (BPS) fueron premiados con ascensos.

La violencia política de origen estatal o en connivencia con sus aparatos se inscribió principalmente en tres categorías: la del “Terrorismo de Estado” (nombrada por varios autores también como “Guerra sucia” o “Terrorismo mercenario”), el “Terrorismo incontrolado o ultraderechista” y las “Actuaciones policiales represivas”.

En mi proyecto Políticas del olvido, en el que doy cuenta de las víctimas mortales de este periodo histórico, he querido considerar el criterio del I Congreso de Víctimas del Franquismo organizado por el Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid y la Federación Estatal de Foros por la Memoria en abril de 2012. La línea de tiempo que se presenta, se divide en cinco variantes de tipologías de víctimas que responden por tanto a: muerte por ejecución (que corresponden a José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui, los últimos cinco ejecutados por el Régimen en Madrid, Barcelona y Burgos, el 27 de septiembre de 1975), muerte por gatillo fácil (aquellos sucesos en que los agentes armados utilizaron fuego real cuando su integridad no estaba en riesgo), muerte por represión política, muerte por tortura y finalmente muerte por miembros de la ultraderecha y terrorismo de Estado.